* Dentro de la Ley de Presupuestos 2009, una de las modificaciones que se adicionaron en el Senado y que se verá hoy en la Cámara de Diputados, consiste en adicionar una glosa que se repite en prácticamente todas las partidas, ministerios y servicios que reza lo siguiente:
“La cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función”.
Esta glosa se debe al Senador Alejandro Navarro, que como sabrán, en ningún caso es santo de mi devoción pero que con frecuencia realiza interesantes aportes.
* Los potenciales afectados no tardaron mucho en manifestarse.
Esta misiva llegó a los 120 diputados que consulta nuestra Constitución Política:
Estimado Diputado:
Le adjunto declaración de ACTI
A.G. sobre glosa relativa a adquisición de equipos computacionales del proyecto
de ley de presupuesto.
Esta materia vulnera la
neutralidad tecnológica que esta Ley debe tener, así como genera otros impactos
que detallamos en esta declaración.
Esperamos que en la discusión de
la Ley en la Cámara de Diputados se pueda resolver esta situación que afectará
a toda la industria tecnológica local.
Esperando una favorable acogida a
la presente
Se despide atentamente
Aldo Signorelli B.
Secretario General
ACTI A.G.
DECLARACIÓN PÚBLICA FRENTE A
GLOSA TECNOLÓGICA APROBADA EN EL SENADO EN LEY DE PRESUPUESTO
Santiago,
El texto de la glosa señala: “La
cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe
indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de
fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una justificación especial si
es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la
misma función”.
A nuestro juicio, esta glosa
podría traer los siguientes efectos:
1.- Dañar a la Industria local de software ya existente: Muchas empresas nacionales, pequeñas, medianas y grandes, licencian comercialmente sus programas computacionales y soluciones. Con esta glosa se limita su capacidad de competir en el sector público chileno, ya que, cuando quieran ser contratadas, se requerirá una justificación especial, lo que significaría una carga administrativa y –en definitiva– un desincentivo a su contratación.
2.- Restar agilidad a la
contratación pública de software: El establecimiento de una cotización de
alternativas de código abierto, como requisito previo para adjudicar estas
contrataciones, restringe la fluidez de la contratación de software. En muchos
casos esa cotización no podrá obtenerse por no existir productos de código
abierto similares y en otros será muy difícil saber si realmente son
comparables con alternativas de software propietario. ¿Qué ocurre –entonces– si
no es posible obtener esa cotización? ¿Qué pasa en un proceso de licitación si
sólo se presentan alternativas de software propietario? ¿Será ésta declarada
forzosamente desierta, aún cuando exista una importante competencia entre
proveedores que ofrecen alternativas de software comercial? En lugar de imponer
regulaciones legales que no facilitan el proceso de adquisición tecnológica,
sino que lo entorpecen, creemos que dicho tipo de consideraciones debe ser
regulado naturalmente, tanto por las bases de licitación de acuerdo a los
requerimientos “caso a caso”, como por las diferentes ofertas disponibles en el
mercado.
3.- Violar el Principio de
Neutralidad Tecnológica del Estado: La soluciones de código abierto no son
necesariamente gratuitas. Aunque la licencia no tenga costo, debe suscribirse
un contrato de soporte con el proveedor que la otorga. Por ello, al establecer
la obligación de justificar administrativamente sólo en el caso de la adquisición de software propietario y no
para adquirir software de código abierto, se está discriminando positivamente
en favor de un tipo de tecnologías y de un tipo de modelo comercial,
obstaculizando la libre competencia que debe operar necesariamente de acuerdo
al mérito de las ofertas recibidas y las soluciones tecnológicas que se
requieran. Es el propio organismo público que compra el que debe tomar la
decisión de la mejor solución para sus desafíos.
4.- Restar competitividad y dinamismo al desarrollo tecnológico de Chile: Las empresas de software comercial, como parte de la Industria TIC chilena, constituyen el 1,5% del PIB chileno, cifra inferior al menos en un punto porcentual a los países más desarrollados. Son empresas que generan importantes fuentes de empleo, directo e indirecto, y pagan impuestos año tras año. Cada vez hay más claridad en la relación directa que existe entre inversión en TIC, competitividad y productividad. Este tipo de medidas no ayudan a incentivar la creación de nuevas empresas de software comercial en Chile, sino, por el contrario, al hacer más difícil poder participar en las licitaciones del sector público, sólo contribuyen a disminuir el mercado potencial de sus negocios.
La Asociación señala que la Ley
de Presupuestos es una guía para el desarrollo del país. En ese marco, el
Gobierno Electrónico debe ser una estrategia global de intervención para
atender las diferentes necesidades de evolución del Estado chileno y, por
tanto, se requiere atender con urgencia diversos proyectos sectoriales e
interministeriales con enfoques de e-government.
Finalmente, reiteramos la
importancia de que los proyectos sean neutrales frente a las distintas opciones
tecnológicas y cumplan las buenas prácticas de compras públicas que establece
el instructivo de ChileCompra respectivo (Directiva de Contratación Pública
N°8, "Instrucciones para la contratación de bienes y servicios relacionados
con tecnologías de la información y comunicaciones").
Acerca de ACTI
En 1984 fue fundada la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G., ACTI, organismo que agrupa a las empresas que cubren los distintos rubros de la industria de tecnologías de información y comunicaciones en nuestro país (hardware, software, capacitación, integración de sistemas e Internet). Cuenta con 155 empresas asociadas de todos los tamaños (nacionales e internacionales con representación en Chile), participando en el mercado con ventas anuales superiores a los US$ 2.700 millones. Durante 24 años, ACTI se ha destacado por ser un referente en el ámbito de las TI y por proteger y promover esta industria en Chile.
***
* Me parece una estupenda idea la inclusión de la glosa en comento. Será necesario justificar la adquisición de software toda vez que cada día aparecen nuevas aplicaciones gratuitas, las que no necesariamente son inferiores. Será menester entonces hacer un análisis racional de costos para justificar el pago por software. Punto para el Senador Navarro.
* A nadie debe extrañar el tenor de esta carta considerando que le Gasto del Subtítulo 29 "Adquisición Activos No Financieros", Item 07 "Programas Informáticos" superó este año los 27.000 millones de pesos.
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Ignacio: La verdad es que ...
Ignacio:
La verdad es que no tiene nada de raro (ni ilegal o antiético) que la ACTI escriba y trate de influir en los Diputados, mientras no sea pasándoles un billete bajo la puerta. De hecho es lo mismo que pudimos (y debimos) hacer nosotros como ciudadanos.
Lo grave es que, como denunció el senador Navarro, haya uno o más Ministros de Estado enviando correos similares para beneficiar a la ACTI.
Pero eso no lo sabremos mientras no se den nombres.